Una filtración de comunicaciones oficiales ha puesto al descubierto que la oficina de libertad condicional del Condado de Canyon, en el estado de Idaho, elaboró y facilitó una «lista de extranjeros» al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El hallazgo ha encendido las alarmas de diversas organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos en Estados Unidos.
La revelación se produjo tras la difusión de más de 140 correos electrónicos institucionales. Estos documentos demuestran que los agentes locales recopilaron de manera proactiva los datos personales de 82 personas nacidas fuera de territorio estadounidense. Según la dirección del departamento del condado, la base de datos incluía tanto a individuos bajo supervisión judicial con órdenes de retención migratoria previas, como a ciudadanos cuyo único criterio de inclusión era haber nacido en el extranjero. La oficina local delegó directamente en el ICE la responsabilidad de verificar el estatus legal de cada uno de ellos.
Abogados de inmigración y activistas por los derechos civiles han denunciado públicamente esta práctica. La consideran una grave violación a la privacidad y un acto de discriminación institucional que atenta contra los derechos constitucionales de los afectados. Este condado ya cuenta con antecedentes de una estrecha cooperación con las autoridades federales de inmigración; en 2019, la policía de la misma localidad enfrentó severas críticas por implementar protocolos sistemáticos de notificación al ICE ante cualquier detención.
