La Corte Suprema de Idaho desestimó una demanda presentada por un postor para un contrato de Medicaid de Idaho para administrar servicios de salud mental.
La decisión del 18 de diciembre confirmó la decisión de un tribunal estatal inferior de desestimar la demanda de Beacon, resolviendo una disputa legal de años sobre un contrato de atención médica administrada que probablemente sea el contrato más grande del gobierno del estado de Idaho , valuado en $1.2 mil millones durante cuatro años.
Antes de que Idaho le otorgara a la empresa Magellan el contrato para administrar los servicios de salud mental de Medicaid en 2023, Beacon inicialmente tuvo la puntuación más alta para su oferta, pero el estado descalificó a la empresa debido a trabajos anteriores que, según los funcionarios, estaban relacionados con el contrato.
Más tarde, en 2023, dos jueces de distrito de Idaho desestimaron las demandas de Beacon y Optum, otra empresa licitadora que no obtuvo el contrato. Los jueces coincidieron en que carecían de jurisdicción para revisar la decisión estatal de adjudicación del contrato, citando las limitaciones a la revisión judicial establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, la ley de contratación pública de Idaho, según informó anteriormente el Idaho Capital Sun.
La demanda de Optum fue desestimada en la Corte Suprema de Idaho en 2024. La semana pasada, la Corte Suprema de Idaho falló sobre la apelación de Beacon.
“…Sostenemos que la Ley de Contrataciones del Estado no viola la doctrina de separación de poderes de la Constitución de Idaho”, dictaminó la Corte Suprema el 18 de diciembre.
La filial nacional de Beacon, Carelon Behavioral Health, no pudo ser contactada de inmediato para obtener comentarios.
En una declaración del lunes, el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, dijo que la Corte Suprema del estado “reforzó la autoridad de la Legislatura de Idaho para definir cuándo los tribunales de distrito pueden revisar las acciones de las agencias del poder ejecutivo”.
“Como argumentó mi oficina y concluyó el Tribunal, la Constitución de Idaho confiere dicha autoridad al poder legislativo”, dijo Labrador. “Si Carelon hubiera prevalecido, los licitadores perdedores en los contratos gubernamentales podrían llevar al estado a los tribunales por cada contrato importante y obligar a los jueces a cuestionar las decisiones de las agencias e invalidar acuerdos multimillonarios de los que dependen los habitantes de Idaho para la atención médica, las carreteras y los servicios esenciales”.
Ante el pronóstico de un déficit presupuestario en Idaho, la contratista Magellan ha recortado servicios críticos de salud mental . El contrato para administrar los servicios de salud mental de Medicaid en Idaho se denomina Plan de Salud Conductual de Idaho.
