El estado de Idaho ahora puede hacer cumplir su ley que impide que las personas transgénero cambien su género en sus certificados de nacimiento después de que un tribunal federal dictó sentencia sobre una orden judicial vigente desde hace años.
El juez estadounidense Raymond E. Patricco modificó el jueves una opinión judicial de 2018, FV v. Barron, para disolver formalmente la orden judicial permanente que había limitado la aplicación por parte del estado de su ley que impedía a las personas cambiar su género indicado en sus certificados de nacimiento.
“Idaho ahora puede hacer cumplir nuestra ley que protege los registros vitales precisos, al mismo tiempo que trata a todos los habitantes de Idaho por igual bajo el mismo proceso de enmienda”, dijo el Fiscal General Raúl Labrador en un anuncio que apoya la decisión del tribunal.
La batalla legal comenzó en 2017 y ha estado dentro y fuera del ojo público desde entonces.
En marzo de 2018, el tribunal de distrito emitió una orden judicial permanente que establecía que el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho no podía rechazar solicitudes ni impedir que las personas transgénero cambiaran el sexo que figuraba en sus actas de nacimiento. El tribunal dictaminó que la restricción del departamento violaba la cláusula de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda.
Años después, la Legislatura de Idaho progresó y aprobó el Proyecto de Ley 509 de la Cámara de Representantes , modificando el texto del estatuto de Idaho para modificar los certificados de nacimiento. La ley entró en vigor el 1 de julio de 2020.
El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho revisó su formulario de solicitud y proceso para implementar el código de HB509.
Las revisiones fueron devueltas al tribunal de distrito para determinar si la nueva solicitud violaba la orden judicial de 2018. El tribunal determinó que los cambios del departamento de salud no violaban la ley, pero la orden judicial se extendió a la ley de 2020.
En 2024, Idaho promulgó otra ley para endurecer las circunstancias en las que se pueden cambiar detalles clave de un certificado de nacimiento, incluido el sexo.
En octubre de 2025, Labrador presentó una moción para disolver la orden judicial permanente
Argumentó que, en virtud de una decisión de 2025, Trump v. CASA , los tribunales federales carecen de autoridad para emitir órdenes judiciales “universales” de amplio alcance y, en cambio, pueden otorgar solo un “alivio completo” a las partes reales ante ellos.
Labrador también argumentó que los demandantes en el caso recibieron alivio, alegando que Dani Martin tiene un certificado de nacimiento que refleja su identidad de género y que FV tuvo siete años para solicitar uno enmendado.
Su memorando también argumentó un fallo de la Corte Suprema que confirmó la prohibición en Tennessee del tratamiento médico para jóvenes transgénero. Mencionó la ley de Idaho, afirmando que no afecta a las personas transgénero.
