El gobernador de Idaho, Brad Little, promulgó el viernes una ley de gastos que establece el presupuesto fiscal para 2027 de varias agencias estatales. La legislación incluye una reducción multimillonaria en el presupuesto de defensa pública.
El proyecto de ley del Senado 1373, o proyecto de ley de presupuesto para el desarrollo económico de Idaho, incluye un recorte de 2,2 millones de dólares a la Oficina del Defensor Público del Estado de Idaho . Esta oficina es relativamente nueva, ya que comenzó a funcionar en octubre de 2024. El cambio unificó la defensa pública bajo el estado, que anteriormente era un sistema basado en los condados.
Antes de la aprobación de la nueva ley, el defensor público estatal de Idaho, Eric Fredericksen, se pronunció en contra de la propuesta durante una reunión del Comité Conjunto de Finanzas y Asignaciones en febrero. Afirmó que la oficina se había estabilizado tras una implementación complicada del nuevo sistema estatal de defensa pública de Idaho, pero advirtió que los recortes podrían revertir rápidamente ese progreso.
La mayor preocupación, según Fredericksen, es que los recortes presupuestarios obliguen a la fiscalía a reducir el uso de abogados externos. Explicó que estos abogados ayudan a gestionar el exceso de trabajo en oficinas con poco personal, aliviando la carga de trabajo de los fiscales estatales y evitando así que la fiscalía sufra los mismos problemas de carga laboral.
El senador Phil Hart preguntó a Fredericksen cuántos estados cuentan actualmente con un sistema estatal de defensores públicos y cómo se mediría su impacto. Fredericksen respondió que no disponía de las cifras exactas, pero que creía que rondaban la mitad.
Además, Fredericksen dijo que revisarían el ahorro de costos en todo el estado, y afirmó que la “medida principal” es un “sistema estable y seguro con un bajo volumen de casos”.
Ante el recorte de 2,2 millones de dólares a la oficina, los líderes demócratas de Idaho se pronunciaron el viernes.
“Idaho pasó años en los tribunales porque la gente acudía a ellos sin la representación legal adecuada”, declaró la líder de la minoría del Senado, Melissa Wintrow, en un comunicado de prensa. “Eso fue lo que motivó la creación de la Defensoría Pública Estatal”.
Este sistema se diseñó para solucionar ese fallo. Aún se está implementando, se están superando los problemas de personal y se intenta estabilizar un sistema que presentaba inconsistencias entre los distintos condados. Recortar 2,2 millones de dólares ahora supone retirar recursos justo cuando más se necesitan para que esto funcione.
Wintrow calificó la medida de “temeraria”, ya que el caso Tucker contra Idaho , una demanda que lleva casi una década en curso sobre el sistema de defensa pública de Idaho, aún está pendiente en el Tribunal Supremo de Idaho.
«Idaho está intentando defender su historial mientras socava el mismo sistema que creó para cumplir con su deber constitucional», dijo Wintrow. «Eso debilita la obligación constitucional del estado y su posición ante los tribunales, y corre el riesgo de que Idaho vuelva al punto de partida».
La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Ilana Rubel, también se sumó a las críticas. “El año pasado, el gobernador Little pidió más inversión en defensa pública. Ahora ha firmado un presupuesto que la recorta”.
Rubel afirmó que, sin recursos, el gobierno puede “aplastar a la gente”.
“Cuando el Estado acusa a alguien de un delito, moviliza a fiscales, investigadores y a todo el aparato gubernamental a la sala del tribunal. El derecho a la asistencia letrada es lo que mantiene ese poder bajo control”, afirmó.
“Los republicanos crearon este déficit presupuestario con años de recortes de ingresos, incluyendo cientos de millones en dádivas que beneficiaron principalmente a los habitantes más ricos de Idaho”, dijo Rubel. “Ahora están tratando de cerrar ese déficit reduciendo el deber constitucional del estado de proporcionar defensa pública”.
