Una coalición de líderes religiosos, activistas de derechos humanos y organizaciones civiles ha intensificado sus protestas contra la firma de ingeniería Cator, Ruma & Associates, con sede en Boise, exigiendo que la empresa ponga fin a su participación en el diseño de la nueva instalación para ejecuciones por pelotón de fusilamiento en el estado.
La controversia surge tras revelarse que el Departamento de Correccionales de Idaho (IDOC) contrató a firmas privadas para remodelar la unidad de ejecución en la Institución de Seguridad de Idaho. Además de Cator, Ruma & Associates, las organizaciones han señalado a las empresas Okland Construction y Elevatus Architecture por su rol en el proyecto.
El eje del conflicto
El estado de Idaho restableció el pelotón de fusilamiento como método de ejecución secundario en 2023, ante la creciente dificultad para obtener los fármacos necesarios para la inyección letal. Sin embargo, para implementar este método, el estado requiere una instalación certificada que garantice la seguridad del personal y el cumplimiento de los protocolos.
Los manifestantes argumentan que la colaboración de empresas privadas en la creación de infraestructura para la pena de muerte es una violación ética grave.
“Las empresas privadas no deberían obtener beneficios del diseño o construcción de cámaras de ejecución”, señalaron representantes de Worth Rises y Death Penalty Action, dos de los grupos que lideran la presión pública.
Acciones de presión
Durante las últimas semanas, la movilización ha incluido:
- Entrega de peticiones: Miles de firmas de ciudadanos locales y nacionales han sido enviadas a las oficinas de las empresas.
- Cartas interconfesionales: Más de una docena de líderes religiosos locales firmaron una misiva instando a las firmas a “escuchar su conciencia” y rescindir los contratos.
- Plantones: Manifestaciones pacíficas frente a las sedes corporativas en Boise para visibilizar el rechazo social al proyecto.
Respuesta corporativa
Hasta el momento, Cator, Ruma & Associates no ha emitido una declaración oficial detallada respecto a las protestas. Por su parte, el Departamento de Correccionales de Idaho ha defendido el proceso, argumentando que están cumpliendo con el mandato de la ley estatal para garantizar que las ejecuciones se lleven a cabo de manera constitucional.
El resultado de esta presión pública podría sentar un precedente sobre la responsabilidad social de las contratistas de ingeniería y construcción que trabajan con el sistema penitenciario en proyectos de alta sensibilidad ética.
