El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, y dos fiscales del condado acordaron el jueves no procesar a ciertos médicos de Idaho por derivar pacientes fuera del estado para abortos, concluyendo una demanda federal que desafió la interpretación del estado de su estricta prohibición del aborto.
El juez federal de distrito B. Lynn Winmill cerró el caso tras un decreto de consentimiento , que protege a Planned Parenthood Great Northwest, Hawaii, Alaska, Indiana, Kentucky y dos médicos de Idaho del procesamiento en virtud del Código de Idaho § 18-622.
“Las sólidas leyes provida de Idaho siguen plenamente vigentes, y seguimos orgullosos de defender los derechos de las madres y sus hijos no nacidos”, declaró Labrador. “Este acuerdo simplemente confirma lo que nuestra oficina ya dejó claro en el tribunal: no tenemos la autoridad para procesar derivaciones a servicios fuera del estado. Resolver este asunto mediante un acuerdo evita litigios innecesarios y protege a los contribuyentes de Idaho de costos adicionales”.
La disputa legal comenzó en 2023 cuando Labrador emitió una opinión a petición del representante Brent Crane, republicano por Nampa, en nombre de la clínica antiaborto Stanton Healthcare. La carta del fiscal general establecía que las pastillas abortivas estaban sujetas a la ley penal de aborto de Idaho y que los profesionales médicos que derivaran pacientes a otros estados para abortos podrían enfrentar sanciones penales. La demanda se centró en la preocupación de que las leyes de aborto de Idaho pudieran criminalizar a los profesionales de la salud por el simple hecho de hablar sobre opciones médicas legales con las pacientes o de ayudarles a acceder a servicios en estados donde el aborto sigue siendo legal.
“El significado simple de asistir es brindar apoyo o ayuda”, escribió Labrador en la opinión impugnada. “Un profesional de la salud de Idaho que remite a una mujer a un proveedor de abortos de otro estado o que le receta píldoras abortivas a través de las fronteras estatales ha brindado apoyo o ayuda a la mujer para realizar o intentar realizar un aborto y, por lo tanto, ha violado la ley”.
Planned Parenthood y los dos médicos presentaron una demanda impugnando la interpretación. Labrador retiró posteriormente la opinión, pero la organización argumentó que los profesionales médicos seguían temiendo ser procesados por hablar con sus pacientes sobre opciones de aborto fuera del estado.
En agosto de 2023 , Winmill dictaminó que el fiscal general de Idaho no podía procesar a los proveedores de servicios médicos por derivaciones a abortos fuera del estado. Un tribunal federal de apelaciones confirmó dicha orden judicial en diciembre de 2024.
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