Un informe de auditoría realizado por la Oficina de Servicios Legislativos ha revelado violaciones graves de la ley en Idaho, lo que ha llevado a su remisión a la oficina del fiscal general, Raúl Labrador.
El informe señala deficiencias lo suficientemente graves como para justificar esta acción y se relaciona con el manejo de fondos estatales destinados a programas para niños en edad escolar, que se utilizaron en algunos casos para programas de preescolar.
Labrador ya estaba involucrado en batallas legales relacionadas con la recopilación de información sobre este programa, y un juez dictaminó que tenía un conflicto de intereses, lo que podría requerir la designación de un fiscal especial independiente para continuar con la investigación.
El informe ha generado reacciones diversas, con Labrador considerando posibles acciones legales y abogados representando a organizaciones beneficiarias de subvenciones cuestionando la precisión del informe.
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