El caso de Harris Ranch sienta precedente en la Corte Suprema de Idaho

Un fallo sobre un distrito fiscal del sureste de Boise ha sentado un precedente en la Corte Suprema de Idaho.

El fallo del 11 de febrero se dictó a favor del acusado, el Distrito de Infraestructura Comunitaria de Harris Ranch, frente a una serie de preocupaciones planteadas en la demanda.

Esta fue la primera vez que un recurso puso en tela de juicio la Ley del Distrito de Infraestructura Comunitaria ante la Corte Suprema de Idaho.

La Ley CID, aprobada por la Legislatura de Idaho en 2008, permite a los distritos financiar infraestructura comunitaria. A través de los CID, una comunidad puede financiar el desarrollo mediante mecanismos de financiación adicionales, como los impuestos prediales en el distrito, lo que permite que el crecimiento financie el crecimiento.

Como se describe en el sitio web de la ciudad de Boise, el CID de Harris Ranch financia principalmente proyectos mediante bonos municipales. Los CID pueden usar estos bonos para pagar a los promotores inmobiliarios y luego recaudar impuestos prediales para liquidar el bono y sus intereses.

Según la ciudad, Harris Ranch es una “comunidad planificada de 1.300 acres, amigable para los peatones, en el sureste de Boise”.

Un grupo de residentes, la Asociación de Contribuyentes del CID de Harris Ranch, cuestionó varias de las acciones del distrito a través del caso judicial.

Cuestionaron el uso de algunas fianzas, argumentando que la Junta Distrital de CID de Harris Ranch había violado la Ley CID.

El caso judicial abordó las resoluciones aprobadas por la junta en 2021 para financiar ciertos proyectos de infraestructura. Dichas resoluciones implicaron mejoras en carreteras, aceras, desagües pluviales y otros proyectos, lo que equivale a $7.1 millones en bonos.

La Corte Suprema del estado decidió que muchos de los argumentos de la asociación de contribuyentes habían prescrito debido al plazo de prescripción.

Un argumento clave de la asociación de contribuyentes cuestiona la creación del distrito en sí.

El distrito fue establecido por el Ayuntamiento de Boise en 2010. La facultad del distrito para utilizar bonos fue aprobada por los votantes que alcanzaron la mayoría de dos tercios necesaria ese mismo año. Desde entonces, ha funcionado como entidad legal independiente con tres miembros en la junta.

En su fallo, el tribunal decidió que la creación del distrito y la votación subsiguiente ocurrieron hace demasiado tiempo como para ser impugnados.

“El período de 60 días bajo la Ley CID actúa para evitar que los residentes actuales del CID de Harris Ranch impugnen la validez de la formación del CID de Harris Ranch”, escribió el tribunal en su decisión.

La asociación de contribuyentes también cuestionó si la Ley CID permite a los distritos reembolsar a las urbanizaciones privadas. Esto puede incluir el pago de una servidumbre de paso para el mantenimiento y acceso a la fachada de una tienda, las aceras o el cuidado del césped.

Argumentaron que una servidumbre para una instalación de aguas pluviales no la convierte en propiedad pública. El tribunal no estuvo de acuerdo.

“Incluso si el terreno subyacente sigue siendo propiedad del desarrollador, las instalaciones de aguas pluviales están ubicadas en una servidumbre de propiedad pública y se consideran infraestructura comunitaria reembolsable”, se lee en el fallo del tribunal.

La ciudad de Boise compartió la noticia del fallo favorable en un comunicado de prensa

“La junta del Distrito de Harris Ranch está satisfecha con el fallo de la Corte Suprema de Idaho y aliviada de que el asunto se haya resuelto”, declaró Meredith Stead, presidenta del Concejo Municipal de Boise. “Esperamos seguir centrando nuestros esfuerzos en apoyar a los residentes del Distrito de Harris Ranch y en integrar el desarrollo inteligente con la protección del medio ambiente, el hábitat de la vida silvestre y los valores históricos del Valle de Barber”.

Stead es actualmente uno de los miembros de la junta directiva del CID de Harris Ranch.

Según el comunicado, el fallo judicial permitirá al distrito reanudar la financiación y la autorización de pagos para infraestructura comunitaria. La demanda ha sido una preocupación constante para la ciudad desde que se presentaron las quejas iniciales en 2021.

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