Según una nueva propuesta legislativa, los gobiernos estatales y locales de Idaho, así como los grandes contratistas gubernamentales privados, estarían obligados a verificar la autorización de trabajo de sus empleados.
El líder adjunto de la mayoría del Senado, Mark Harris, republicano de Soda Springs , presentó un proyecto de ley para crear una nueva ley que exija el uso de E-Verify, un programa federal destinado a verificar si una persona está autorizada a trabajar en los EE. UU.
“Básicamente, dice que si hay dinero de los contribuyentes involucrado, el empleador debe usar E-Verify para abordar el estatus legal de sus empleados”, dijo Harris el viernes en una reunión del Comité de Asuntos Estatales del Senado.
El comité presentó el proyecto de ley por unanimidad, lo que permite que sea sometido a una audiencia pública.
Las agencias estatales de Idaho ya tenían una política para verificar la autorización de trabajo de los empleados
Las agencias y contratistas estatales ya estaban obligados a utilizar el sistema de autorización en virtud de una orden ejecutiva de 2009 del entonces gobernador Butch Otter. Esta orden se centraba principalmente en quienes recibían fondos de estímulo del gobierno federal , según informó AP en aquel momento.
Harris le dijo al Idaho Capital Sun el viernes que el estado había estado utilizando E-Verify y exigiendo a los contratistas que lo hicieran, pero quería codificar el requisito.
“Hay un impulso para que las empresas implementen E-Verify, y creo que el gobierno debería liderar el camino”, dijo Harris. “Creo que este es un buen paso en esa dirección”.
Según los requisitos del proyecto de ley, los contratistas de los gobiernos estatales y locales con más de 150 empleados y un valor de $100,000 o más estarán obligados a utilizar E-Verify al contratar a todos sus empleados. Si el director del Departamento de Trabajo estatal determina que el contratista infringe el requisito, el director de la agencia deberá notificar por escrito la infracción.
Si no se presenta evidencia dentro de los 30 días siguientes a la notificación de que el empleador está en cumplimiento, el director de la agencia puede emprender acciones judiciales contra ese contratista.
Si se determina que ha violado la ley, el tribunal puede ordenar al empleador que despida a todos los trabajadores no autorizados. Dicho empleador estaría sujeto a un período de prueba de un año, durante el cual deberá presentar informes trimestrales al Departamento de Trabajo estatal que identifiquen a cada nuevo empleado contratado.
Si un contratista del gobierno violara los requisitos dentro de tres años, su contrato sería rescindido.
Los legisladores de Idaho presionaron previamente para que se establecieran requisitos universales de E-Verify en medio de las preocupaciones de los empleadores.
En 2024 y 2025, el representante Jordan Redman, republicano de Coeur d’Alene , propuso proyectos de ley que habrían requerido que todos los empleadores públicos y privados de Idaho utilizaran E-Verify en la contratación.
Ninguno de los proyectos de ley de Redman avanzó.
Los trabajadores no autorizados constituyen una parte desproporcionada de la fuerza laboral en varias industrias en Idaho y en todo Estados Unidos, como la construcción y la agricultura.
La industria láctea de Idaho emplea en gran medida a trabajadores inmigrantes, y ha informado que el 90% de sus trabajadores son hispanohablantes y no nacieron en los EE. UU. Muchos de esos trabajadores no tienen autorización legal porque la mano de obra lechera se necesita durante todo el año y los productores lecheros no pueden utilizar las mismas visas de trabajadores temporales y de temporada que otras industrias agrícolas utilizan con el programa H-2A.
El director ejecutivo de la Asociación de Lecheros de Idaho, Rick Naerebout, dijo al Sun el año pasado que los sectores de la economía estatal sin acceso al programa H-2A quedarían en “posiciones muy precarias” ante el requisito universal de E-Verify propuesto por Redman.
Todd Webb, presidente estatal de la Asociación de Constructores de Viviendas de Idaho, dijo al Sun en ese momento que la asociación se oponía al proyecto de ley tal como está redactado.
