Un proyecto de ley que obligaría a los agentes del orden a preguntar y documentar el estatus migratorio de una persona al momento de su arresto fue aprobado en la Cámara de Representantes de Idaho. Sin embargo, no estuvo exento de un acalorado debate en el pleno.
El proyecto de ley 660 fue aprobado en la Cámara de Representantes por 40 votos a favor y 30 en contra, con varios legisladores que votaron en contra de la disciplina de partido. La medida también exigiría a las agencias que publiquen esas cifras, y el estado podría retener fondos a las agencias que no cumplan con esta obligación.
Los partidarios de la medida afirmaron que promueve la transparencia y responde a la demanda pública de datos relacionados con la inmigración. El promotor del proyecto de ley, el representante Dale Hawkins (republicano por Fernwood), argumentó que la legislación respalda tanto a las fuerzas del orden como a los ciudadanos que exigen rendición de cuentas a las agencias públicas.
“Insinuar que alguien no pertenece a las fuerzas del orden”, dijo Hawkins durante el debate en el pleno. “Denle luz verde al pueblo de Idaho”.
Los opositores argumentaron que la redacción del proyecto de ley es vaga y podría sobrecargar a las agencias locales que ya enfrentan escasez de personal. También mencionaron la oposición de varios grupos policiales.
“Cuando las tres principales agencias policiales de las que dependemos para llevar a cabo estas políticas se oponen al proyecto de ley, eso debería hacernos reflexionar”, dijo el representante Steve Berch, demócrata de Boise.
Según Berch, esos organismos son la Asociación de Alguaciles de Idaho, la Asociación de Jefes de Policía de Idaho y la Orden Fraternal de la Policía.
El proyecto de ley ahora pasa al Senado para su consideración.
