Un juez federal ha bloqueado permanentemente al Fiscal General de Idaho, Raúl Labrador, junto con los fiscales del condado de Ada y Valley, de procesar a los proveedores de atención médica que derivan pacientes para abortos fuera del estado.
El juez federal de distrito B. Lynn Winmill firmó el jueves un decreto de consentimiento que prohíbe al fiscal general y a los fiscales del condado sancionar a los proveedores de servicios médicos por asesorar a pacientes sobre opciones de aborto en otros estados. El acuerdo también exige que la fiscalía general pague 400.000 dólares en honorarios legales.
“Esta resolución afirma algo que todo paciente merece: atención abierta y honesta de un proveedor en el que confían”, dijo Rebecca Gibron, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Northwest, Hawai’i, Alaska, Indiana y Kentucky.
El caso comenzó en abril de 2023 cuando Labrador emitió un dictamen legal que establecía que derivar pacientes a otros estados para abortos podría violar la prohibición del aborto en Idaho. Días después de la presentación de la demanda inicial, Labrador revocó su dictamen, pero la ACLU continuó con la demanda, argumentando que la retirada “no eliminó el temor fundado que la carta generó entre los profesionales de la salud”.
La Fiscalía General emitió la siguiente declaración sobre el acuerdo del jueves: “Las sólidas leyes provida de Idaho siguen plenamente vigentes, y seguimos orgullosos de defender los derechos de las madres y sus hijos no nacidos. Este acuerdo simplemente confirma lo que nuestra fiscalía ya dejó claro en el tribunal: no tenemos la autoridad para procesar derivaciones a servicios fuera del estado. Resolver este asunto mediante un acuerdo evita litigios innecesarios y protege a los contribuyentes de Idaho de costos adicionales”.
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