En el Capitolio Estatal de Idaho, una comisión legislativa rechazó este lunes un proyecto de ley que habría exigido a los departamentos de policía y oficinas del alguacil en todo el estado solicitar asociaciones con las autoridades federales de inmigración, mientras avanzó una segunda propuesta relacionada con inmigración.
El debate se centró en dos medidas sobre la cooperación entre las agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
La primera, Proyecto de Ley 659 de la Cámara, buscaba obligar a las agencias locales a participar en el programa federal 287(g), que permite a oficiales capacitados realizar ciertas funciones de inmigración, como verificar el estatus migratorio de personas detenidas o asistir en operaciones federales.
Los defensores del proyecto señalaron que muchas agencias ya colaboran con ICE y que formalizar esos acuerdos fortalecería la seguridad pública y la transparencia.
Pero varios jefes policiales se opusieron, advirtiendo que la medida podría afectar los recursos locales y dañar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes. Algunos incluso alertaron que podría disuadir a las víctimas o testigos de reportar delitos por miedo a ser cuestionados sobre su estatus migratorio.
Con una votación cerrada de 4 a 5, el comité decidió no avanzar el Proyecto 659, deteniendo su progreso en la comisión.
Sin embargo, los legisladores también discutieron el Proyecto de Ley 660, que exige a los agentes revisar el estatus migratorio de toda persona arrestada y compartir esa información con las autoridades federales.
Quienes apoyan la medida dicen que ayudaría a identificar a inmigrantes indocumentados, mientras que sus críticos advierten que podría generar temor en las comunidades inmigrantes y complicar la labor policial.
Con una votación de 8 a 7, el comité decidió aprobar el avance del Proyecto 660, que ahora pasará al pleno para su consideración.
Durante ambas audiencias, líderes policiales reiteraron su preocupación por el impacto que estas iniciativas podrían tener en sus recursos y tiempo, asegurando que las nuevas responsabilidades podrían restar atención a las tareas cotidianas de seguridad pública.
