El Tribunal Supremo de Idaho se ha puesto una vez más del lado de la campaña para restablecer el derecho al aborto en el estado, afirmando que el fiscal general y el secretario de estado no redactaron declaraciones claras y concisas de “sí” y “no” que aparecerán en la papeleta electoral de este otoño.
La opinión unánime del juez Gregory Moeller determinó que los dos funcionarios estatales omitieron hechos importantes sobre lo que la Proposición 1 implicaría si se aprobaba o lo que dejaría en Idaho si fracasaba.
“Una declaración no es ‘clara’ si deja a los votantes con dudas sobre una consecuencia legal principal de su elección, y no describe ‘el efecto’ de un voto si tergiversa sustancialmente esa consecuencia”, escribió Moeller.
Se refirió específicamente a la declaración de “sí”, ahora invalidada, que excluía dos aspectos importantes de la iniciativa.
En primer lugar, omitió mencionar que la Propuesta 1 establecería un derecho independiente a la libertad reproductiva y a la privacidad más allá del aborto.
Según indicó, tampoco explicaba completamente el alcance de las protecciones de responsabilidad civil que la iniciativa extendería a los trabajadores de la salud, quienes actualmente pueden enfrentar sanciones civiles, penales y profesionales bajo la ley de Idaho.
Moeller escribió que el fiscal general Raúl Labrador y el secretario de Estado Phil McGrane tampoco explicaron con claridad las consecuencias de un voto negativo.
Dijo que ambos habían declarado correctamente que la ley vigente permanecería sin cambios.
Pero al explicar las tres excepciones limitadas bajo las cuales se podía practicar un aborto legal, Moeller dijo que los funcionarios las hicieron parecer más amplias de lo que son en la práctica.
La declaración original de “no” decía que los abortos están permitidos “cuando sea necesario para proteger la vida de la madre”, lo cual no coincide con la descripción que hace la ley de Idaho.
“La elección de las palabras es importante: ‘proteger la vida’ comunica de forma más razonable una circunstancia más amplia que ‘evitar la muerte [de la mujer embarazada]’”, escribió Moeller.
Las excepciones en casos de violación o incesto descritas en la declaración de “no” tampoco explican que los abortos deben realizarse en el primer trimestre ni los requisitos de documentación “significativos” de las fuerzas del orden.
Labrador y McGrane podrían haber evitado este conflicto simplemente declarando que la ley estatal permanecería sin cambios, escribió Moeller.
“Sin embargo, al presentar estas excepciones condicionales a una prohibición penal como circunstancias en las que la ley ‘permite’ afirmativamente el aborto, la declaración amplía inexactamente las excepciones y subestima la prohibición a la que califican”, escribió.
Los funcionarios estatales deben reescribir estas declaraciones y presentarlas ante la Corte Suprema de Idaho antes de las 5 de la tarde del sábado.
